Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados, donde en teoría las reglas del juego tendrían que ser claras para todos, el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, salió a cuestionar de frente cómo se está armando la elección de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y su reclamo no va contra los nombres sobre la mesa, sino contra algo más de fondo: el proceso.
Para entender por qué esto importa, hay que bajar la discusión a lo básico. El INE es el árbitro de las elecciones en México. Es quien organiza los comicios, cuenta los votos y garantiza —o debería garantizar— que todo se haga de forma imparcial. Por eso, elegir a sus consejeros no es un trámite cualquiera: es definir quién va a cuidar la democracia en los próximos años.
El problema, según Moreira, es que ese proceso no está siendo transparente ni incluyente. Desde su perspectiva, lo que ocurrió dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) rompió con las reglas no escritas —y algunas sí escritas— de cómo deberían tomarse estas decisiones. En pocas palabras, acusa que no hubo condiciones democráticas para construir el acuerdo.
El diputado fue más allá y lanzó una crítica directa al partido mayoritario: sostiene que a Morena no le interesa la legitimidad del proceso y que está actuando sin preocuparse por las formas. Y aquí hay un punto clave: en política, las formas no son adorno. Son las que hacen que una decisión sea aceptada por todos, incluso por quienes pierden en la negociación.
Moreira dejó claro que no piensa opinar sobre los perfiles propuestos, porque hacerlo —dice— sería validar un procedimiento que considera incorrecto. Es como si en un partido alguien se negara a discutir el marcador porque siente que el árbitro no aplicó bien las reglas desde el inicio.
El trasfondo es más serio de lo que parece. Si un sector importante del Congreso considera que la designación de consejeros no tiene legitimidad, eso puede traducirse en desconfianza hacia el INE en momentos clave. Y no es un tema menor, porque México se acerca a procesos electorales complejos en los próximos años.
El propio Moreira advirtió que la consecuencia más grave no sería política, sino institucional: que la ciudadanía empiece a dudar del árbitro electoral. Y cuando eso pasa, cualquier resultado puede ponerse en entredicho.
Además, el legislador aprovechó para leer el momento político del país. Señaló que los movimientos internos en Morena, como la posible salida de Luisa Alcalde Luján de la dirigencia, reflejan que las cosas no están funcionando como esperaban. Lo comparó con un equipo de fútbol que cambia de entrenador cuando los resultados no llegan.
En el fondo, lo que se está discutiendo no es solo quiénes serán consejeros, sino cómo se toman las decisiones públicas en México. Porque las políticas públicas —como la organización de elecciones— dependen de instituciones fuertes. Y esas instituciones, a su vez, dependen de procesos creíbles.
Si el proceso se percibe como cerrado o acelerado, el costo no lo paga un partido, lo paga todo el sistema. Y ahí es donde el debate deja de ser político y se vuelve ciudadano.