Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este lunes que la incursión de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio de Chihuahua constituye una posible violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Desde Palacio Nacional, la mandataria fue enfática al señalar que este hecho no debe tratarse como una controversia política, sino como un asunto jurídico que requiere deslindar responsabilidades de manera inmediata.
El Gobierno Federal confirmó que no tuvo conocimiento previo sobre las operaciones. La administración central fue notificada de los hechos tras la conferencia de prensa de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien anunció la creación de una unidad especial tras la muerte de dos agentes extranjeros. Sheinbaum subrayó que cualquier operación en suelo nacional que involucre a personal foráneo debe, obligatoriamente, contar con coordinación y autorización federal.
En cuanto a la procedencia de los permisos, la presidenta reconoció que aún no se ha determinado qué instancia estatal autorizó la participación de la agencia estadounidense. Al respecto, el Ejecutivo acotó las líneas de investigación hacia dos entes específicos: la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, encabezada por Gilberto Loya Chávez.
Tras el encuentro entre la gobernadora Campos y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se informó que existe un compromiso por parte del gobierno chihuahuense para esclarecer el procedimiento. García Harfuch reiteró que la omisión de notificar a las autoridades federales contraviene los marcos normativos vigentes de cooperación en seguridad.
Sheinbaum Pardo enfatizó que su gestión mantiene la coordinación en materia de seguridad con todas las entidades federativas, sin distinción de colores partidistas. El objetivo, señaló, es garantizar la integridad en el territorio nacional, por lo que el caso se mantendrá bajo investigación hasta que se identifique con nombre y cargo a los funcionarios responsables de permitir la operación irregular.
El marco legal de México es explícito respecto a la presencia de agentes extranjeros en labores de seguridad nacional. La normativa exige protocolos rigurosos de entrada y actuación, los cuales, según el diagnóstico presentado este lunes por la presidencia, fueron ignorados en esta operación particular.
La exigencia del Ejecutivo Federal se mantiene firme en la necesidad de transparencia total. El caso permanece abierto y se espera que en los próximos días las autoridades de Chihuahua entreguen el informe detallado que explique los mecanismos utilizados para facilitar la operatividad de los agentes de la CIA al margen de la ley.
