La senadora Kenia López Rabadán emitió una denuncia pública aseverando que diversos actores políticos operan como «narco-encubridores» para enmascarar sus complicidades con el crimen organizado.
El núcleo de su argumentación es la defensa de la administración de Maru Campos en Chihuahua, a quien posiciona como un ejemplo estructural en el combate directo contra los cárteles de la droga.
La legisladora establece que cualquier cuestionamiento a la estrategia de seguridad de la mandataria chihuahuense equivale a una alineación fáctica con la delincuencia.
El pronunciamiento evidencia una presunta manipulación del aparato de justicia, denunciando que se persigue política y judicialmente a los funcionarios que enfrentan a las estructuras criminales.
Para fundamentar la disparidad en la rendición de cuentas, el mensaje apunta a Sinaloa, señalando que los malos funcionarios de esa entidad son los verdaderos acreedores a juicios políticos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Un punto crítico de auditoría pública levantado en la declaración es la acusación sobre el desvío de objetivos en el bienestar social, exigiendo que cese el uso de programas sociales con fines estrictamente electorales.
Emitida el 12 de mayo de 2026, la declaración establece un marco de acusaciones graves sobre la integridad de la distribución de fondos federales y la utilización de los tribunales como mecanismo de coerción política.
