La propuesta de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos como cigarros, bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas abrió un nuevo frente de discusión previo a la presentación del Paquete Económico 2027. Mientras desde la Cámara de Diputados se plantea analizar posibles medidas que contribuyan tanto a mejorar la salud pública como a incrementar la recaudación, representantes de la industria y pequeños comerciantes advierten sobre los efectos que un aumento tributario podría tener en el mercado informal.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, señaló que las propuestas serán revisadas de manera responsable una vez que el Ejecutivo federal entregue el paquete económico, cuyo plazo límite está establecido para el 8 de septiembre.
El legislador explicó que la Comisión de Hacienda ya recibió las conclusiones de cinco grupos de trabajo conformados por especialistas, académicos y representantes de distintos sectores económicos. Entre las opiniones recogidas se encuentra la de la industria tabacalera, que ha expresado preocupación por las consecuencias que podría generar un incremento en el gravamen aplicado a los cigarros.
“Sí necesitamos revisar algunas propuestas que ayuden a la salud y también a la recaudación, y todas estas medidas las vamos a analizar”, explicó Altamirano al referirse a las posibles modificaciones fiscales.
El debate parte de una tensión que no es nueva: elevar los impuestos a productos considerados perjudiciales para la salud puede buscar desincentivar su consumo y generar mayores ingresos para el Estado, pero cuando el precio legal aumenta considerablemente también puede abrir un espacio para que productos de contrabando, falsificados o de procedencia irregular encuentren nuevos compradores.
Ese es precisamente uno de los principales argumentos que han puesto sobre la mesa la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
Australia, el ejemplo que preocupa a los comerciantes
Durante los trabajos de la Comisión de Hacienda se expuso el caso de Australia, país que aprobó una de las políticas antitabaco más agresivas, con incrementos de hasta 282% en el precio de las cajetillas. Con esas modificaciones, algunas llegaron a alcanzar un costo de alrededor de 50 dólares australianos, de los cuales cerca de 30 correspondían a impuestos.
De acuerdo con los argumentos presentados por los representantes del sector, la estrategia produjo resultados favorables durante sus primeros meses, al encarecer significativamente el producto y buscar reducir su consumo.
Sin embargo, posteriormente el crecimiento del mercado ilegal comenzó a convertirse en un problema de mayores dimensiones. El Senado australiano llegó a recomendar congelar el gravamen ante el avance de los productos ilícitos, que, según los datos expuestos durante la discusión en México, habrían llegado a abastecer cerca del 80% del mercado.
Para los representantes empresariales, esta experiencia muestra que una política fiscal enfocada exclusivamente en aumentar el precio de los productos legales puede tener consecuencias no deseadas si no se acompaña de medidas suficientes para combatir el contrabando y la falsificación.
La preocupación adquiere una dimensión particular en México debido al tamaño que ya tiene el mercado ilícito de cigarros.
Uno de cada cuatro cigarros sería de procedencia ilegal
Los representantes de los pequeños comercios y de la industria señalaron que actualmente uno de cada cuatro cigarros consumidos en México proviene del mercado ilícito. Bajo este escenario, un nuevo incremento en los impuestos podría ampliar la diferencia de precio entre los productos legales y aquellos que se comercializan fuera de los canales formales.
La consecuencia no solo podría reflejarse en las ventas de fabricantes y establecimientos establecidos. También existe preocupación por el impacto que tendría sobre las pequeñas tiendas y comercios, que son uno de los principales puntos de venta de productos de consumo cotidiano.
La advertencia empresarial va todavía más allá del aspecto económico. Los comerciantes señalaron que el avance de los productos apócrifos puede relacionarse con una mayor presión del crimen organizado sobre pequeños negocios, particularmente mediante extorsiones dirigidas a obligarlos a vender cigarros ilegales.
En este escenario, los establecimientos podrían quedar atrapados entre el aumento de los precios de los productos legales, la competencia de mercancía de procedencia ilícita y las presiones de grupos criminales para introducir productos falsificados en sus negocios.
Por ello, para las organizaciones empresariales el posible incremento del IEPS no debería analizarse únicamente desde la perspectiva de cuánto dinero adicional podría recaudar el Gobierno federal o cuánto podría disminuir el consumo de tabaco. También consideran necesario evaluar sus efectos sobre el comercio formal, la seguridad de los establecimientos y la expansión del mercado negro.
El debate sobre el IEPS apenas comienza
La discusión todavía no representa una decisión definitiva. El Gobierno federal deberá entregar el Paquete Económico 2027 a más tardar el 8 de septiembre, y a partir de ese momento el Congreso tendrá que revisar las propuestas fiscales y presupuestarias incluidas en el documento.
La Comisión de Hacienda tendrá un papel central en ese proceso y deberá valorar las distintas posiciones antes de avanzar hacia eventuales modificaciones al IEPS.
El propio Carol Antonio Altamirano dejó abierta la posibilidad de analizar medidas orientadas tanto a objetivos de salud como de recaudación, pero también subrayó que las propuestas deberán revisarse dentro del proceso legislativo correspondiente.
Para la industria y los pequeños comerciantes, el llamado es a considerar el efecto que una subida de impuestos podría generar fuera de los establecimientos formales. El temor es que una mayor carga fiscal termine haciendo menos accesibles los productos legales para algunos consumidores y, al mismo tiempo, incremente el atractivo de mercancías de contrabando o falsificadas.
El caso australiano presentado ante la Comisión de Hacienda funciona así como una referencia dentro del debate mexicano: una política diseñada para encarecer el tabaco puede tener efectos sobre el consumo y la recaudación, pero también enfrenta el desafío de evitar que el mercado ilegal gane terreno.
En México, donde los representantes empresariales aseguran que ya 25% de los cigarros consumidos procede del mercado ilícito, la discusión sobre un posible aumento del IEPS estará inevitablemente ligada a otra pregunta: cómo conseguir los objetivos de salud pública y recaudación sin generar nuevas oportunidades para el contrabando, la falsificación y la extorsión a los pequeños comercios.
La respuesta comenzará a definirse una vez que el Paquete Económico 2027 llegue al Congreso y los legisladores tengan sobre la mesa las propuestas concretas del Ejecutivo.