El Segundo Informe de Claudia Sheinbaum no solo enumera obras y programas; propone una doctrina de gobierno. Su idea central es que el Estado debe recuperar capacidad para planear el desarrollo, garantizar derechos y conducir sectores estratégicos sin cancelar la economía de mercado. Esa definición responde a problemas reales de desigualdad y debilidad institucional. Al mismo tiempo, abre una pregunta indispensable: qué controles acompañan a un poder público con más atribuciones, recursos y presencia económica.
La administración contabiliza 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales en dos años. Presidencia las agrupa en soberanía, democracia, austeridad, seguridad, bienestar y derechos. La cantidad muestra velocidad legislativa, pero no mide por sí misma calidad normativa. Una reforma se vuelve política pública cuando existen reglamentos, presupuesto, personal, sistemas de información y vías de impugnación. Sin ese seguimiento, el número de cambios puede confundir intensidad legislativa con capacidad de implementación.
Uno de los cambios de mayor alcance es la elección popular de integrantes del Poder Judicial, presentada por el gobierno como ampliación democrática. La legitimidad electoral puede acercar instituciones tradicionalmente cerradas a la ciudadanía, pero no resuelve automáticamente los dilemas de independencia, especialización y rendición de cuentas. El desempeño tendrá que medirse mediante tiempos de resolución, calidad de sentencias, acceso efectivo, criterios de disciplina y garantías frente a presiones políticas, económicas o criminales.
La reforma también creó nuevas estructuras de vigilancia y modificó el modelo de disciplina judicial. Su promesa depende de reglas previsibles: nombramientos transparentes, procedimientos con debido proceso, publicación de criterios y controles contra conflictos de interés. La cercanía con el voto no debería convertir las decisiones jurisdiccionales en concursos de popularidad. Una justicia democrática requiere apertura, pero también autonomía para resolver contra las mayorías y contra el gobierno cuando la Constitución así lo exige.
El comunicado oficial sobre las reformas incluye la sustitución de organismos como el INAI, el IFT y la Cofece, cuyas funciones pasan a otras autoridades. El argumento gubernamental es reducir costos y privilegios. El examen institucional debe preguntar si las nuevas oficinas conservarán capacidades técnicas, archivos, facultades sancionadoras y distancia respecto de los sujetos regulados. El ahorro administrativo solo es ganancia pública si no debilita transparencia, competencia, protección de datos o regulación de mercados.
La soberanía energética ocupa otro eje. El informe proyecta incorporar 32 mil megawatts al sistema eléctrico, elevar la participación renovable de 24 a 38 por ciento y ejecutar inversiones superiores a 244 mil millones de pesos en redes. También plantea proyectos privados bajo una proporción legal de 54 por ciento público y 46 por ciento privado. Son metas, no resultados consumados. Su evaluación exige calendarios, costos, permisos, confiabilidad del sistema y consecuencias ambientales verificables.
La inversión mixta puede ampliar infraestructura sin trasladar todo el costo inmediato al presupuesto. Pero el concepto necesita precisión contractual: quién asume los riesgos de construcción y demanda, cómo se fijan tarifas, qué garantías ofrece el Estado y qué ocurre ante sobrecostos. La rectoría pública no depende únicamente de conservar una mayoría formal; requiere contratos abiertos, competencia en las licitaciones, evaluación social de proyectos y límites explícitos a pasivos contingentes.
El discurso combina esa expansión con disciplina fiscal y asegura que la deuda de Pemex se redujo en 20 mil millones de dólares. La mejora del perfil financiero sería relevante, pero debe distinguir reducción de pasivos, transferencias presupuestarias, refinanciamiento y obligaciones futuras. Fortalecer empresas públicas implica publicar estados financieros comparables y someter decisiones de inversión a criterios técnicos. La soberanía pierde contenido si los costos quedan opacos o se transfieren a generaciones posteriores.
La discusión no tiene que reducirse a un falso dilema entre Estado ausente y Estado sin límites. México necesita capacidad pública para coordinar infraestructura, energía, vivienda y derechos sociales; también necesita auditorías, federalismo funcional, órganos técnicos, justicia independiente y acceso efectivo a información. Esos contrapesos no son obstáculos externos al proyecto: son mecanismos para corregirlo, conservar legitimidad y evitar que una prioridad sexenal se convierta en discrecionalidad permanente.
La soberanía puede entenderse como la capacidad colectiva de tomar decisiones sin subordinación indebida. Para que esa promesa sea sostenible, el poder público debe mostrar cómo decide, cuánto compromete y quién puede revisar sus actos. El Estado reforzado que plantea el Segundo Informe será más sólido si sus instrumentos sobreviven al escrutinio, si los derechos tienen presupuesto y si ninguna mayoría queda exenta de controles constitucionales.