La detención de ocho policías municipales por una investigación sobre presuntas filtraciones a una red delictiva irrumpió de lleno en el escenario político de Héctor Santana, uno de los perfiles que compiten rumbo a la gubernatura de Nayarit en 2027.
La investigación corresponde a elementos de Seguridad de Bahía de Banderas, municipio gobernado por Santana antes de solicitar licencia para participar en el proceso político rumbo a la sucesión estatal. La Fiscalía también detuvo a un agente estatal y notificó el expediente a la FGR.
La dimensión política del caso radica en que la seguridad pública forma parte directa de la administración municipal que Santana ha utilizado como carta de presentación. Una pesquisa sobre posibles filtraciones desde la propia corporación obliga ahora a revisar los mecanismos de control, supervisión y confianza aplicados durante su gobierno.
El episodio se suma a otro antecedente incómodo. En febrero fue difundido un video en el que Salvador Machuca Rodríguez, entonces funcionario municipal, aparecía entregando dinero a Oscar Enrique Jiménez Tapia, persona sancionada por autoridades estadounidenses. Santana ordenó el cese del funcionario y una investigación interna; el material, por sí mismo, no acredita responsabilidad del alcalde.
También ha cobrado relevancia Johanna Barraza, identificada oficialmente como subdirectora operativa de Tránsito y Vialidad. En mayo fue grabada, con uniforme de la corporación, pidiendo apoyo para defender políticamente a Santana frente a lo que llamó una “guerra sucia”.
No existe hasta ahora información pública que permita atribuir a Santana participación en la red investigada. El costo político, sin embargo, puede surgir de otra pregunta: qué tan sólidos eran los controles internos de la corporación de seguridad bajo una administración que hoy pretende convertirse en modelo para gobernar todo Nayarit.