Una investigación radicada en tribunales de Texas, Estados Unidos, señala al senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como la figura central de una estructura de huachicol fiscal que operó durante la administración federal de Andrés Manuel López Obrador. Según revelaciones del periodista Jesús Lemus Barajas, el expediente integra a un total de 26 personajes, entre los que figuran gobernadores, legisladores y operadores financieros.
La red delictiva basaba su operatividad en el contrabando de combustible a gran escala, utilizando la infraestructura de aduanas y mandos navales. La afectación financiera bajo investigación no solo implica la evasión de impuestos federales, sino la creación de una red de empresas fantasma diseñadas para el blanqueo de capitales provenientes tanto del mercado ilícito de hidrocarburos como de recursos de origen desconocido.
El mapa de implicados desglosado en las indagatorias estadounidenses identifica a Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, como el engranaje técnico de la operación. Este individuo habría facilitado la conexión entre el sector empresarial, las aduanas fronterizas y los grupos de la delincuencia organizada, específicamente con el Cártel del Noreste, para el movimiento de buques y pipas en la frontera norte.
En la lista de funcionarios bajo escrutinio destacan nombres como Mario Delgado, Alfonso Durazo y Alfredo Ramírez Bedolla, actuales gobernadores de Sonora y Michoacán, respectivamente. La investigación sostiene que los recursos generados por el huachicol fiscal fueron desviados para el financiamiento de campañas políticas en diversos estados de la República Mexicana.
El puerto de entrada y salida de estas operaciones se concentra en el estado de Tamaulipas. Las autoridades de Washington mantienen bajo la mira a los senadores Olga Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal, así como al alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González, quien es señalado como el administrador de la red empresarial que daba soporte legal al contrabando.
Entre los empresarios y operadores identificados en los expedientes de Texas figuran José Isabel Murguía, Osbel Tudón Rojas, Eduardo Ángeles Rosales y el agente aduanal Benito Abad Pérez. Estos nombres aparecen en los registros de movimiento de carga y logística que la justicia norteamericana utiliza para construir el caso contra la cúpula política de la 4T.
A diferencia de otros expedientes centrados exclusivamente en el narcotráfico, este caso se clasifica bajo la teoría de crimen organizado y corrupción sistémica. La justicia de Estados Unidos considera que la magnitud de la red representa una amenaza a la seguridad binacional, lo que podría derivar en una solicitud formal de extradición para los involucrados.
