La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que “en política no hay casualidades” al referirse al regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, luego de 112 días de licencia.
La legisladora panista señaló que el anuncio ocurre al mismo tiempo que se conocen otras informaciones relacionadas con Sinaloa y con el caso del contralmirante, por lo que, desde su perspectiva, ambos hechos no pueden analizarse por separado.
López Rabadán cuestionó que el gobernador haya afirmado que la Fiscalía General de la República no encontró elementos mínimos de prueba en su contra. La diputada sostuvo que no existe un documento público de la FGR que acompañe esa versión.
“Salvo que ustedes me corrijan, no hay ningún documento público de la fiscalía que acompañe el dicho del gobernador”, expresó ante medios de comunicación.
La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que espera que el regreso de Rocha Moya no tenga como propósito buscar fuero constitucional. También vinculó esa preocupación con la posible situación del senador Enrique Inzunza.
La legisladora recordó que el fuero fue creado para proteger a las autoridades en el ejercicio de sus funciones y no para generar impunidad. En ese sentido, pidió que las instituciones garanticen piso parejo y que la ley no dependa del apellido o de la afiliación política.
La diputada también habló sobre la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que ha sido centro de debates por los casos de Cuauhtémoc Blanco y Alejandro Moreno. Dijo que los espacios deliberativos deben ser confiables y no convertirse en mecanismos de persecución política ni de lavado de cara.
En otro tema, reconoció que embajadas y consulados enfrentan necesidades presupuestales que no han podido ser atendidas por completo. López Rabadán consideró necesario que los recursos asignados sean suficientes para mantener una representación digna de México en el exterior.
Rocha Moya anunció su reincorporación al cargo este viernes y aseguró que, tras 112 días, la FGR determinó que no existían elementos mínimos de prueba en su contra. La afirmación del gobernador y la lectura política de la presidenta de la Cámara quedaron en el centro del debate.
El caso plantea una pregunta institucional: ¿cómo deben comunicar las autoridades decisiones que pueden tener implicaciones políticas y jurídicas? Para López Rabadán, la respuesta debe pasar por documentos públicos, transparencia y aplicación pareja de la ley.
Mientras el gobernador retoma sus funciones, las instituciones deberán aclarar el alcance de las investigaciones y los elementos que sustentan cada posición. La discusión, insistió la legisladora, no debe resolverse con versiones políticas, sino con información verificable.