Ante el incremento de fraudes financieros dirigidos a personas adultas mayores y los riesgos constantes de accidentes como caídas en el hogar y la vía pública, el Congreso de la Ciudad de México analiza una reforma para tipificar de forma explícita la suplantación de instituciones bancarias en el Código Penal, al tiempo que autoridades reconocen desafíos estructurales en la protección integral de este sector poblacional.
En sesión ordinaria, el diputado Andrés Sánchez Miranda presentó una iniciativa para modificar el Artículo 231 del Código Penal capitalino, con el objetivo de sancionar de manera directa el fraude cometido mediante la suplantación de instituciones financieras. La propuesta surge en un contexto de creciente digitalización, donde las estafas a través de llamadas, mensajes electrónicos y aplicaciones de mensajería se han sofisticado.
El legislador advirtió que el marco legal actual resulta insuficiente para atender estas conductas, particularmente cuando se emplean tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para engañar a las víctimas. La iniciativa busca proteger especialmente a personas mayores de 60 años y grupos vulnerables, quienes —según expuso— son blanco frecuente de estos delitos.
Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México estiman que para 2025 México contará con alrededor de 17 millones de personas adultas mayores, lo que representa cerca del 13% de la población en la capital. Las proyecciones indican que para 2030, una de cada cinco personas en la Ciudad de México tendrá 60 años o más, lo que incrementa la urgencia de fortalecer mecanismos de protección.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los delitos cibernéticos más frecuentes incluyen extorsión digital, phishing o suplantación de identidad, así como fraudes mediante soporte técnico falso, robo de cuentas y estafas relacionadas con premios inexistentes. Estas prácticas afectan de manera desproporcionada a adultos mayores, quienes suelen tener menor familiaridad con herramientas digitales.
Paralelamente, especialistas en salud pública advierten que los riesgos para este grupo no se limitan al ámbito financiero. Las caídas representan uno de los problemas más frecuentes: estimaciones generales señalan que alrededor del 30% de las personas mayores de 65 años sufre al menos una caída al año, proporción que puede elevarse hasta el 50% en mayores de 80 años. La mayoría de estos incidentes ocurre dentro del hogar, en espacios como baños, escaleras o pasillos.
En la vía pública, factores como banquetas irregulares, falta de señalización y saturación en el transporte público incrementan la probabilidad de accidentes. Estas condiciones evidencian rezagos en infraestructura urbana que impactan directamente en la seguridad cotidiana de las personas mayores en la capital.
Ante este panorama, el Instituto para el Envejecimiento Digno y el Sistema de Bienestar Social han implementado programas de atención gerontológica, visitas domiciliarias y acciones preventivas para reducir accidentes. Sin embargo, expertos coinciden en que estas medidas resultan insuficientes sin una estrategia integral que combine prevención, infraestructura accesible y actualización normativa.
La iniciativa legislativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis, en un contexto donde el envejecimiento poblacional exige respuestas más amplias y coordinadas. La protección de las personas adultas mayores en la Ciudad de México, advierten especialistas, requiere no sólo endurecer sanciones penales, sino también atender las condiciones sociales, tecnológicas y urbanas que incrementan su vulnerabilidad.
