Por Juan Pablo Ojeda
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha fijado la postura oficial del Ejecutivo Federal tras el incidente en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida. El funcionario fue enfático al establecer que la cooperación con las agencias de seguridad de Estados Unidos se rige por un marco jurídico estricto que excluye, bajo cualquier circunstancia, la operatividad de agentes extranjeros en territorio nacional.
La investigación, ahora atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), busca esclarecer la presencia de estos individuos en las inmediaciones del narcolaboratorio conocido como “El Pinal”. Harfuch subrayó que la labor de las instituciones mexicanas, como la Unidad de Inteligencia Naval, se sustenta en meses de trabajo propio, diferenciando tajantemente la inteligencia compartida de la injerencia táctica en campo.
Un punto de alta relevancia institucional es la coordinación entre niveles de gobierno. El secretario confirmó haber sostenido una reunión privada con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien manifestó desconocer la presencia de personal operativo extranjero en la entidad. Esta aseveración abre una brecha en la narrativa oficial ante los cuestionamientos de diversos senadores sobre una posible actuación estatal al margen de la Cancillería.
La gobernadora de Chihuahua ha declinado una comparecencia ante el Senado, argumentando la protección de información clasificada de la unidad especializada creada para el caso. Esta ausencia en el recinto legislativo ha elevado la tensión política, dejando sin respuesta inmediata el origen de la autorización que permitió el desplazamiento de ciudadanos extranjeros bajo estatus diplomático y migratorio irregular para actividades de seguridad.
La Ley de Seguridad Nacional establece que toda interacción operativa con potencias extranjeras debe pasar por el filtro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La participación de agentes en una presunta operación antidrogas sin dicha supervisión plantea una crisis de soberanía que las autoridades federales pretenden contener mediante la centralización de las diligencias periciales.
El Ejecutivo Federal ha reiterado su disposición para mantener la colaboración informativa con sus socios del norte, siempre que esta no contravenga la legislación mexicana. No obstante, la resolución de este caso depende ahora de los hallazgos técnicos que arroje la FGR, los cuales determinarán si existió una extralimitación en las funciones de las autoridades locales o una violación directa a la autonomía nacional.
La incertidumbre sobre la cadena de mando que permitió el despliegue de estos agentes extranjeros en Chihuahua permanece como el foco principal de la investigación parlamentaria y judicial. Mientras se desarrollan los peritajes, la administración federal insiste en que la ley marca una línea infranqueable que no debe ser superada por ninguna instancia estatal o agencia extranjera.
