La captura de José Antonio Cortes Huerta ha reactivado la investigación sobre la infiltración del crimen organizado en las altas esferas de la Secretaría de Marina (SEMAR). La detención del operador del Cártel del Noroeste proporciona nuevas pruebas sobre la red de protección que permitió a Roberto Blanco Cantú, alias ‘El Señor de los Buques’, operar un sistema de contrabando de combustible a gran escala. La investigación federal apunta a que marinos de alto rango facilitaron el ingreso de hidrocarburos ilícitos.
Blanco Cantú, quien se encuentra prófugo desde septiembre de 2025, es el socio mayoritario de Mefra Fletes, la principal encargada del traslado del combustible ilegal. El desmantelamiento de esta trama reveló que ocho personas vinculadas a la empresa tenían órdenes de captura vigentes, todas relacionadas con una estructura de impunidad que operaba desde los puertos de Tamaulipas. La caída de Cortes Huerta confirma la alianza táctica entre transportistas y paramilitares.
El rastreo del dinero indica que Mefra Fletes servía como el brazo logístico para lavar hidrocarburos importados sin declarar desde los Estados Unidos. Entre los implicados figuran Brenda Mareina Salas Ramírez y Gustavo Jesús Guillén Chávez, quienes fundaron la empresa en Jalisco bajo una fachada de legalidad. La rendición de cuentas solicitada por la fiscalía busca determinar cuántos funcionarios públicos recibieron sobornos para omitir la inspección de los buques.
Un punto crítico en la investigación es la participación de José Isabel Murguía Santiago y José Ascensión Murguía Santiago. Este último enfrenta cargos adicionales por delincuencia organizada y desaparición forzada. La conexión de la familia Murguía con el poder político local en Teuchitlán sugiere un esquema de protección multinivel que blindaba las operaciones de Blanco Cantú frente a las acciones de la justicia estatal.
La empresa Mefra Fletes inició operaciones en 2015, pero su actividad delictiva saltó al dominio público en abril de 2025 tras el decomiso del buque Challenge Procyon. El hallazgo de millones de litros de combustible de contrabando puso en evidencia la inoperancia de los protocolos de vigilancia portuaria. La incautación simultánea de unidades de Autolíneas Roca y Transportes Especializados Amol confirma la existencia de un consorcio dedicado al huachicol fiscal.
El uso de propiedades de lujo para resguardar armamento y animales exóticos, como los siete tigres hallados tras el arresto de Cortes Huerta, subraya el nivel de ostentación y poder acumulado por Blanco Cantú. Estos activos están ahora bajo proceso de extinción de dominio. La fiscalía investiga si los recursos generados por el contrabando fueron utilizados para financiar campañas políticas o para corromper a mandos operativos en zonas de conflicto.
Finalmente, el cerco sobre ‘El Señor de los Buques’ depende de la cooperación internacional para rastrear sus movimientos fuera del país. La red criminal desmantelada pone a prueba la capacidad de las instituciones de seguridad para depurar sus propias filas. La detención de Cortes Huerta es solo el primer paso para desarticular una de las estructuras de corrupción y delincuencia organizada más sofisticadas de la última década.
